La Cámara baja aprobó el tratado que ya contaba con media sanción del Senado. Había sido proclamado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006. A través de esta resolución, los países se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en el texto.

La Cámara de Diputados ratificó este miércoles la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006.

Se trata de un proyecto -aprobado por 167 votos- que tenía dictamen de la comisión de Discapacidad de la cámara baja, que preside el diputado kirchnerista Claudio Morgado, y de la de Relaciones Exteriores, que encabeza Ruperto Godoy, que ya contaba con sanción del Senado.

El proyecto fue respaldado por unanimidad y con el apoyo de la mayoría de los bloques parlamentarios, que destacaron la importancia de ratificar la resolución de la ONU y llamaron a impulsar iniciativas para la total integración de las personas con discapacidad.

Los argumentos de los legisladores en respaldo al proyecto durante el debate fueron traducidos al lenguaje de señas.

Al defender la ratificación de esta Convención, y ante la presencia en el recinto de representantes de organizaciones sociales, Morgado destacó que "se trata del primer tratado de derechos humanos del siglo XXI" y puso de relieve que "la ciudadanía de las personas discapacitadas no es completa".

"Cuántos más obstáculos hay, más discapacitada se vuelve una persona", aseveró Morgado, quien advirtió que "lo que está en juego es la posibilidad de los discapacitados de ser personas".

Desde el radicalismo, el diputado Juan Acuña Kunz exhortó a admitir que existen "serios déficits en diferentes áreas", entre las que citó el transporte, y consideró que "el Estado debería controlar el cumplimiento de todas las normas vigentes".

Por la Coalición Cívica, Lidia Naim manifestó su respaldo a la Convención y sostuvo que el tema de la discapacidad "nos plantea la responsabilidad y el desafío de generar el correspondiente soporte normativo, para que cada uno de los postulados de este protocolo tenga correlato efectivo".

A través de esta resolución, los países se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir las normas, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.

Los países signatarios también deberán combatir los estereotipos y prejuicios, promover la conciencia de las capacidades de esas personas y garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en un pie de igualdad con otras personas.

Agencia TELAM